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FIN DE LA DISCRIMINACIÓN FISCAL PARA LOS NO RESIDENTES EN MATERIA DE SUCESIONES. POSIBILIDAD DE EFECTUAR RECLAMACION POR INGRESOS INDEBIDOS

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A principios de este año entraron en vigor las modificaciones operadas en la normativa sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones respondiendo a la necesidad de adecuar las normas internas estatales a las obligaciones internacionales derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. El 3 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó su Sentencia, respecto a la Tributación en España sobre Sucesiones y Donaciones, relativa al asunto C-127/12, que consideraba que nuestra regulación era contraria a la libre circulación de capitales al introducir diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste. Esto es así porque la Ley 29/1987 (Ley ISD) permitía hasta ahora a las Comunidades Autónomas establecer reducciones fiscales que se aplicaban únicamente en caso de conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades; por lo que la sucesión o la donación en la que interviniera un causahabiente o un donatario o un causante que no residiera en territorio español, o bien una sucesión o una donación que tuviera por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no podía beneficiarse de tales reducciones por aplicársele la regulación estatal del impuesto, suponiendo para el Tribunal de Justicia una diferencia de trato contraria al Derecho de la Unión.

En respuesta a esto, la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, ha incluido una Disposición Final Tercera, que a su vez da nueva redacción a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1987 (Ley ISD), que materializa la obligación legal de acatamiento que se deriva de la Sentencia antes mentada, igualando el tratamiento de los residentes en territorio español a los residentes en el territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo a través de una serie de reglas que les permiten colocarse en la misma posición jurídica que el contribuyente residente. En las adquisiciones mortis causa por ejemplo se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma en que fuera residente el causante, pudiendo disfrutar de los eventuales beneficios fiscales establecidos por la Comunidad Autónoma en cuestión, tanto los contribuyentes residentes en España como los residentes en el territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Por ejemplo ahora ya no es posible que al hijo del finado residente en el mismo lugar que su padre fallecido se le aplique una normativa, la autonómica, y a su hermano residente en otro estado miembro de la Unión Europea le resulte aplicable, la establecida por el Estado, generalmente más restrictiva en cuanto a beneficios fiscales. Finalmente, es de destacar a estos efectos que el concepto de residencia en una Comunidad Autónoma, tal y como pone de manifiesto la propia disposición, es el correspondiente al lugar donde se ha residido más días en un periodo que comprende los cinco años anteriores al día anterior al del devengo. La Comunidad Valenciana por su parte, tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, y entendemos que movida por la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo frente a determinados preceptos de su normativa autonómica del ISD, acometió a finales de 2014 modificaciones tendentes a eliminar la discriminación entre residentes y no residentes, con la aprobación de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se ha eliminado el requisito de residencia habitual en la Comunidad Valenciana a la fecha del devengo del ISD que se exigía en varios beneficios fiscales autonómicos, concretamente en la reducción por parentesco para transmisiones inter vivos y en las bonificaciones en la cuota para adquisiciones mortis causa e inter vivos. Por tanto, no será necesario para aplicar estos beneficios fiscales que los herederos o donatarios sean residentes en la Comunidad Valenciana.

A pesar de todo lo anterior, todavía queda pendiente por resolver la desigualdad existente entre residentes en la UE o el EEE y residentes en terceros países, y la desigualdad generada por las distintas legislaciones autonómicas, que siguen provocando una tributación muy diferente entre los propios residentes en territorio nacional. Por todo lo anterior, quienes hayan tributado por el ISD en los 4 años anteriores a que se dictara la Sentencia referida, recibiendo un trato que ahora ha sido calificado como discriminatorio, podrán iniciar en España un procedimiento contra la AGENCIA TRIBUTARIA adscrita al Ministerio de Hacienda, interesando la aplicación de los beneficios fiscales existentes entonces para los residentes y la consiguiente devolución del importe abonado de más por ese Impuesto.