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LA UNIÓN EUROPEA SE PRONUNCIA SOBRE LA SUCESIÓN

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En materia de sucesiones hereditarias los ordenamientos jurídicos vigentes en los Estados miembros de la Unión Europa y su diversidad plantea una serie de problemas a la hora de aplicar la norma civil oportuna, pues ante el fallecimiento de un ciudadano europeo fuera del país de su nacionalidad hay que dirimir qué ley es la aplicable a su sucesión, situación que se complica si además esa persona tiene bienes en diferentes Estados miembros o fuera de éstos.

El Parlamento Europeo dictó el pasado 4 de julio de 2012 el Reglamento número 650/2012, aplicable a todos los Estados miembros, a excepción de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, con vocación de regular todas las sucesiones hereditarias que se produzcan a partir del día 17 de agosto de 2015. El referido Reglamento toma en consideración los diferentes ordenamientos existentes en los Estados Miembros y trata de armonizar los mismos en beneficio de la seguridad jurídica en materia de sucesiones. En su artículo 1 y en conjunto con su Preámbulo se realiza su delimitación competencial, ciñendo la norma a las disposiciones mortis causa y en concreto al testamento, simple o mancomunado y al pacto sucesorio, excluyendo de su aplicación, a sensu contrario, materias relacionadas con las sucesiones hereditarias, que seguirán regulándose por las correspondientes legislaciones nacionales, tales como, el estado civil y las relaciones familiares de las personas, los regímenes económico-matrimoniales, los derechos de alimentos y las cuestiones fiscales y las administrativas de Derecho Público, entre otros.

Entre la ley personal y la ley territorial, el Reglamento se inclina, como regla general, por esta última, determinando que la ley sucesoria del europeo fallecido será la de su residencia habitual en el momento de su fallecimiento. Sin embargo, como excepción a lo anterior, y por respeto al principio de autonomía de la voluntad, el Reglamento admite que esa ley pueda ser la de la nacionalidad que el causante tuviera en el momento de hacer la elección, o en el de su fallecimiento, elección que habrá de hacerse necesariamente en disposición mortis causa, bien de forma expresa por testamento, bien deduciéndose de ella con claridad. Elección que podrá modificar o revocar en cualquier momento por el mismo medio. Huelga decir, consecuencia de lo anterior, que en las sucesiones denominadas “abintestato”, esto es sin testamento, regirá siempre la norma general referida de la residencia habitual del causante. La ley aplicable según las anteriores reglas regirá toda la sucesión cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren y cualquier acto sucesorio, ya sea judicial, con algunas excepciones, como extrajudicial.

CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO

Creado por el Reglamento, es un documento público que acredita los derechos sucesorios, como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia, que tiene un ciudadano comunitario, previa la determinación de la ley que le es aplicable a su causante fallecido. Su solicitud y uso no son obligatorios sino discrecionales por parte del que desee acreditar dichos extremos. Lo expedirá en cada Estado Miembro la autoridad judicial o aquellos funcionarios que tengan atribuidas funciones jurisdiccionales en materia sucesoria y según un formulario al que han de ajustarse los mismos.

Es un documento con valor probatorio propio, siendo título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro competente de un Estado miembro de la UE (siempre que el mismo reúna los requisitos necesarios para ello). La autoridad, una vez emitido el certificado, conservará el original y entregará una copia al interesado, cuya validez será de seis meses, debiendo identificarse la relación de personas a las que se van entregando copias de tal certificado.